La administración estadounidense ha intensificado drásticamente su estrategia de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, implementando un bloqueo naval en el mar Caribe y procediendo a la confiscación de buques petroleros. Esta escalada, descrita por el presidente Donald Trump como un despliegue de “la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, busca estrangular la principal fuente de ingresos de Venezuela: sus exportaciones de crudo. La operación se centra en interceptar lo que Washington denomina una “flota fantasma” de buques que presuntamente evaden las sanciones mediante el uso de “banderas falsas” o apagando sus sistemas de identificación para realizar trasbordos de combustible en altamar.
Entre los buques interceptados se mencionan el Skipper, el Centuries y el Bella 1.
Las acciones militares no se han limitado a la persecución de tanqueros; también se reporta que tanto Estados Unidos como Venezuela están bloqueando señales de GPS en la región, lo que, según la Administración Federal de Aviación, pone en grave peligro a la aviación civil. El gobierno venezolano ha calificado estas acciones como actos de “piratería internacional” y un “robo descarado”, mientras que analistas internacionales señalan que la estrategia se enmarca en el “nuevo corolario Trump a la doctrina Monroe”, utilizando el control económico como un experimento de dominio en América Latina. La ofensiva ha generado una profunda preocupación en la región por el riesgo de un conflicto armado y por la desestabilización de las rutas marítimas y aéreas.
En resumenEl bloqueo naval y la incautación de petroleros por parte de Estados Unidos constituyen una táctica de máxima presión económica y militar para asfixiar al gobierno venezolano. Esta estrategia ha elevado la tensión regional a niveles críticos, provocando la condena de Venezuela y sus aliados, y generando serias advertencias sobre el riesgo de un conflicto y la violación del derecho internacional.