Desde su perspectiva, estas decisiones envían un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la necesidad de mantener una postura firme frente a lo que considera un “gobierno ilegítimo”. Esta posición evidencia la profunda fractura política dentro de Venezuela, donde las estrategias para resolver la crisis son diametralmente opuestas. Mientras el oficialismo denuncia las sanciones como una agresión a la soberanía nacional, figuras clave de la oposición las ven como una herramienta necesaria para forzar una transición democrática, alineándose con la estrategia de máxima presión impulsada por Washington.