El gobierno venezolano ha iniciado una ofensiva diplomática para buscar respaldo internacional y denunciar lo que considera una violación flagrante del derecho internacional.

A través de una carta leída por su canciller y dirigida a los presidentes de Latinoamérica y a 149 jefes de Estado de la ONU, Maduro solicitó la activación de mecanismos en las Naciones Unidas para sancionar a Washington. En el documento, Caracas denuncia no solo la incautación de sus buques, sino también la destrucción de 28 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que según Estados Unidos eran utilizadas para el narcotráfico.

El gobierno venezolano rechaza estas acusaciones, exige pruebas y las califica como “ejecuciones extrajudiciales”.

El presidente Trump, por su parte, ha afirmado que “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y ha exigido la devolución de activos que, según él, fueron “robados” por Venezuela. Ante esta amenaza, Maduro ha alertado sobre el impacto que este asedio podría tener en otros países y ha insistido en que ejercerá “todas las acciones correspondientes” para defender la soberanía y los activos del país.