Estas afirmaciones constituyen la justificación principal para las operaciones militares y las sanciones económicas impuestas por Washington.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró públicamente que el “régimen de Maduro” coopera abiertamente con grupos como las disidencias de las FARC y el ELN para exportar cocaína hacia Estados Unidos a través del Caribe. Rubio calificó a estos grupos como “la amenaza más importante de la región” y sostuvo que el gobierno venezolano no solo no coopera en la lucha antinarcóticos, sino que colabora con “elementos criminales y terroristas”, mencionando también a Irán y Hezbolá.

Esta narrativa es compartida por otros líderes regionales, como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien se ha referido a Venezuela como una “narcodictadura”. Sin embargo, esta justificación es cuestionada por análisis críticos que la consideran una “excusa gastada”. Según esta visión, la lucha contra el narcotráfico es un pretexto utilizado por Washington para legitimar una intervención cuyo verdadero objetivo es el control de los recursos energéticos de Venezuela y la remoción de un gobierno considerado hostil a sus intereses.