Esta estrategia se ha materializado en la interceptación de tanqueros, acciones que el gobierno de Caracas ha condenado como “robo y secuestro”, mientras que algunos analistas las describen como actos de “piratería” que violan el derecho internacional. El presidente Donald Trump ha declarado públicamente que no descarta una acción militar e incluso afirmó que Venezuela está “rodeada por la armada más grande alguna vez vista en Suramérica”. La justificación oficial de Washington para este despliegue se centra en la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, múltiples informes sugieren que el verdadero objetivo es el control de los vastos recursos energéticos de Venezuela y la desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro. Las medidas han agravado la crisis económica venezolana, afectando directamente sus exportaciones de crudo, principal fuente de ingresos del país. Además, la militarización del Caribe ha incrementado los riesgos de seguridad para la aviación y la navegación comercial en una zona estratégica para el comercio global, generando un clima de incertidumbre que repercute en toda la región.