El presidente Donald Trump anunció la operación, destacando que se trataba del “petrolero más grande que se haya incautado jamás”. La acción fue justificada por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien aseguró que el buque era utilizado por Venezuela e Irán para transportar crudo y evadir las sanciones internacionales.

Esta medida se enmarca en una amplia presencia militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, oficialmente destinada a combatir el narcotráfico, pero que Caracas percibe como una amenaza directa.

La reacción del gobierno venezolano fue inmediata y contundente, calificando el hecho de “robo descarado” y “acto de piratería internacional”.

La cancillería venezolana anunció que acudirá a instancias multilaterales para denunciar la agresión y defender su soberanía energética.

Diosdado Cabello, una figura clave del oficialismo, advirtió que acciones de este tipo han sido “el origen de guerras en el mundo entero”. En contraste, la líder opositora María Corina Machado respaldó la medida, argumentando que estas acciones son necesarias para limitar las fuentes de financiamiento del régimen y reforzar la presión internacional. Varios artículos describen el suceso como una forma de “piratería del siglo XXI” cuyo objetivo real no es la lucha antidrogas, sino el control de los recursos energéticos de Venezuela y la consolidación de un cambio de régimen.