Un eventual nuevo gobierno heredaría una economía en ruinas que exigiría medidas complejas como reabrir el país a la inversión, renegociar la deuda con actores como China y revisar los acuerdos firmados por el régimen. En el plano social, la crisis es igualmente abrumadora: la migración masiva ha provocado una desprofesionalización en sectores clave como la salud y la educación, mientras la infraestructura y los servicios básicos están obsoletos.

Se estima que una recuperación estable de estos sectores podría tomar cerca de dos décadas. Otro de los desafíos más delicados sería la justicia transicional, ya que las violaciones de derechos humanos cometidas no desaparecerán con un cambio político. Sería necesario combinar procesos judiciales con mecanismos de verdad y reparación, evitando que la búsqueda de estabilidad se traduzca en impunidad. En este escenario, la diáspora de más de siete millones de venezolanos podría ser un pilar para la reconstrucción, aunque su retorno masivo no es realista a corto plazo.

La definición del liderazgo también sería clave, con figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado posicionadas para guiar un proceso que requeriría una amplia coalición nacional y un fuerte respaldo internacional.