Esta percepción es compartida por organizaciones de la sociedad civil. Un colectivo de miembros de la FIDH en las Américas exigió a la OEA un pronunciamiento de rechazo, denunciando que los ataques indiscriminados contra embarcaciones constituyen un uso ilegítimo de la fuerza y han causado la muerte de más de 80 civiles, configurando ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Trump, por su parte, enmarca estas acciones dentro de una ofensiva contra el narcotráfico. Sin embargo, para Caracas y analistas críticos, esta justificación es un pretexto para consumar el objetivo de deponer al gobierno chavista y asegurar el control sobre los recursos energéticos del país, en una reedición de la Doctrina Monroe.