La estrategia de Estados Unidos y la narrativa de la oposición venezolana se fundamentan cada vez más en la caracterización del gobierno de Nicolás Maduro como un régimen ilegítimo y un narcoestado. Esta etiqueta, impulsada por la administración Trump, sirve como justificación para las sanciones, la presión militar y la recompensa ofrecida por la captura de altos funcionarios, incluido Maduro, como líder del “Cartel de los Soles”. La percepción de ilegitimidad se consolidó tras el presunto fraude electoral de 2024, denunciado por la oposición y observadores internacionales. Este evento es considerado un punto de inflexión que erosionó cualquier vestigio de credibilidad democrática del régimen. Según análisis, el desgaste y la creciente ilegitimidad del gobierno de Maduro crean las condiciones para que la etiqueta de “narco” sea efectiva, independientemente de la solidez de las evidencias presentadas por Washington.
La líder opositora María Corina Machado ha reforzado esta visión en sus declaraciones en Oslo, al denunciar que el Estado venezolano “se fusionaba con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales” y que se sostiene gracias al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Este discurso presenta al gobierno no como un adversario político, sino como una organización criminal, lo que a su vez justifica medidas extraordinarias en su contra. La caracterización del régimen como una “narcodictadura” es, por tanto, un arma política clave que busca despojarlo de toda soberanía y facilitar una intervención internacional para lograr un cambio de gobierno.
En resumenLa creciente caracterización del gobierno de Nicolás Maduro como un régimen ilegítimo y un narcoestado, impulsada por Estados Unidos y la oposición, se ha convertido en la principal justificación para la política de máxima presión. Esta narrativa, cimentada en denuncias de fraude electoral y vínculos con el crimen organizado, busca despojar al régimen de su legitimidad soberana y legitimar acciones internacionales en su contra.