Este cambio de política impacta directamente a la grande y creciente diáspora venezolana en EE. UU., muchos de los cuales han huido de la crisis política y humanitaria en su país de origen. La suspensión de estos procesos crea una incertidumbre y dificultades significativas para individuos y familias que se encuentran en medio de la búsqueda de un estatus legal. La medida forma parte de un endurecimiento más amplio de la política de inmigración de EE. UU. bajo la administración Trump y contrasta con posturas anteriores que a veces ofrecían protecciones a quienes huían del régimen de Maduro.

Esta decisión añade otra capa de complejidad a la relación entre EE.

UU. y Venezuela, ya que afecta a ciudadanos comunes mientras el gobierno aplica simultáneamente presión política y militar sobre los líderes venezolanos.