La Corte Penal Internacional cierra su oficina en Caracas por falta de cooperación del régimen
La Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado el cierre de su oficina de asistencia técnica en Caracas, una decisión motivada por la persistente falta de cooperación y avances concretos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Aunque la oficina cesa sus operaciones, la Fiscalía de la CPI ha reafirmado que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa activa y centralizada desde La Haya. El fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, explicó durante la Asamblea de Estados Parte que, tras un trabajo continuo, se determinó que “el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío”, lo que llevó a la decisión de cerrar la oficina para gestionar eficazmente los recursos limitados. Esta medida se produce un año después de que el exfiscal Karim Khan advirtiera que “el camino de la complementariedad se está agotando” debido a la falta de implementación de reformas legales por parte del régimen. La investigación de la CPI, iniciada formalmente en 2018 tras una remisión de varios países, abarca crímenes presuntamente cometidos desde 2014. El cierre de la oficina en Caracas es un claro indicativo del fracaso de los esfuerzos por fomentar la cooperación judicial dentro del país y obliga a la Fiscalía a depender exclusivamente de la recolección de pruebas y testimonios desde el exterior, lo que subraya el aislamiento del gobierno venezolano frente a los organismos de justicia internacional.

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