La gestión de los vuelos de repatriación para migrantes venezolanos desde Estados Unidos se ha convertido en un nuevo foco de tensión, con acusaciones cruzadas y decisiones unilaterales que afectan a miles de personas. Caracas inicialmente autorizó los vuelos como un gesto de soberanía, pero luego denunció su suspensión abrupta por parte de Washington. En un principio, la Autoridad Aeronáutica de Venezuela informó que había recibido y autorizado una solicitud del gobierno estadounidense para reanudar los vuelos de repatriación. Esta medida fue presentada por Caracas como una demostración de que su espacio aéreo permanecía abierto y seguro, desafiando las advertencias de seguridad emitidas por la FAA y la declaración de “cierre” del presidente Trump. Con esta autorización, el gobierno de Maduro buscaba mostrar que no existía riesgo para la circulación aérea. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el mismo gobierno venezolano denunció posteriormente que Estados Unidos había suspendido “de manera unilateral” dichos vuelos.
Esta acción fue calificada por Caracas como una violación de los acuerdos migratorios y un riesgo para miles de migrantes que esperaban regresar de forma segura.
Según cifras del gobierno venezolano, este año se habían realizado 75 vuelos con al menos 13.956 ciudadanos deportados desde territorio estadounidense.
Ante la suspensión generalizada de vuelos comerciales, el gobierno de Maduro también anunció la implementación de un “plan especial” para garantizar el retorno de los venezolanos varados en otros países.
En resumenEl tema de los vuelos de repatriación evidencia la politización de los asuntos migratorios en medio del conflicto. Venezuela acusa a Estados Unidos de una suspensión unilateral que contradice los acuerdos previos, utilizando la situación de los migrantes como una herramienta más en la confrontación geopolítica.