Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”. Este anuncio se produce un año después de que el entonces fiscal Karim Khan advirtiera que “el camino de la complementariedad se está agotando”, lamentando la falta de implementación de reformas legales y prácticas por parte del gobierno venezolano. Desde entonces, la Fiscalía ha acelerado la recolección de pruebas y la colaboración con socios internacionales para documentar violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en el país desde 2014. La investigación sigue su curso a pesar de la excusa del fiscal Khan del caso, solicitada por la Sala de Apelaciones debido a que un familiar suyo había formado parte del equipo jurídico de Venezuela. La CPI ha ratificado que este hecho no afecta la continuidad ni el enfoque de las pesquisas.