La advertencia fue publicada en su red social Truth y dirigida a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, sin ofrecer detalles sobre su implementación.

La reacción del Gobierno venezolano fue inmediata, calificando el anuncio como una “amenaza colonialista”, un “acto hostil, unilateral y arbitrario” y una violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Como respuesta, Caracas suspendió los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos.

La medida también generó una fuerte reacción en la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, la calificó como “completamente ilegal” y solicitó una reunión urgente de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El Gobierno colombiano, a través de su Aeronáutica Civil, emitió un comunicado asegurando que, tras verificaciones técnicas, el espacio aéreo venezolano se mantenía “abierto y operativo”. La declaración de Trump se produjo después de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) emitiera una advertencia de seguridad (NOTAM) sobre los “riesgos potenciales” en la zona debido al aumento de la actividad militar. Esta alerta inicial ya había provocado la suspensión de vuelos por parte de al menos ocho aerolíneas internacionales, incluyendo Iberia, Avianca, TAP y Turkish Airlines.

La consecuencia directa ha sido un virtual aislamiento aéreo, con los cielos venezolanos casi vacíos, afectando a miles de pasajeros que han quedado varados y golpeando la conectividad del país.