Oficialmente, la administración Trump justifica este masivo despliegue como una campaña contra el narcotráfico en la región. Sin embargo, el gobierno venezolano y diversos analistas internacionales lo interpretan como una clara amenaza de intervención militar y una estrategia para forzar un cambio de régimen en Venezuela. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de “disponer sus armas para la guerra”. La operación ha incluido maniobras de bombarderos B-52H que realizaron demostraciones de ataque cerca de la costa venezolana. Esta demostración de fuerza se ha complementado con alianzas estratégicas en la región, como el permiso obtenido de República Dominicana para utilizar dos de sus aeropuertos para fines logísticos y militares. El despliegue ha sido el marco para acciones directas, como los ataques a más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que según Washington estaban vinculadas al narcotráfico. Estas acciones han dejado más de 80 muertos y han sido calificadas por Caracas como “ejecuciones extrajudiciales”. La magnitud de la operación, descrita como la mayor desde la primera Guerra del Golfo, sugiere que los objetivos de Washington van más allá de la interdicción de drogas, posicionando la crisis venezolana en el centro de un conflicto geopolítico de gran escala.