El aviso, conocido como NOTAM, señalaba que las amenazas “podrían representar un riesgo potencial para aeronaves en todas las altitudes”, así como para aviones en tierra.

La FAA también reportó un incremento en la interferencia de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS), lo que podría afectar equipos críticos a bordo.

Como respuesta inmediata, al menos siete aerolíneas internacionales suspendieron sus operaciones, entre ellas Iberia, TAP Air Portugal, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol y Caribbean Airlines.

Otras compañías como Air Europa y las venezolanas Estelar y Laser también anunciaron ajustes o suspensiones temporales.

La medida afectó a miles de pasajeros, con estimaciones iniciales de más de 8.000 personas y 40 vuelos impactados, incluyendo cerca de 1.500 viajeros solo en Colombia. El gobierno venezolano reaccionó con contundencia, dando un ultimátum de 48 horas a las aerolíneas para reanudar sus servicios, bajo amenaza de revocar sus permisos de operación, una medida que finalmente ejecutó. El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó la situación, afirmando que “bloquear países es bloquear personas” y que tales restricciones deberían considerarse un crimen de lesa humanidad.

La crisis aérea evidencia cómo las tensiones geopolíticas entre Washington y Caracas tienen un impacto directo y tangible en la población civil y la conectividad regional.