La administración Trump acusa directamente al presidente Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios, como Diosdado Cabello, de liderar esta estructura criminal.

Según Washington, el cartel estaría involucrado en narcotráfico y violencia transnacional, situándolo en la misma categoría que organizaciones como Al Qaeda, el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa. El secretario de Estado, Marco Rubio, formalizó la designación argumentando que existe una “base fáctica suficiente” para la medida. En respuesta, el gobierno venezolano ha negado categóricamente la existencia de dicha organización, calificándola de “ridícula patraña” y una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima”. La Cancillería venezolana aseguró que esta acción forma parte del “clásico formato estadounidense de cambio de régimen”.

Expertos legales como Brian Finucane advierten que Estados Unidos podría estar utilizando la etiqueta de terrorismo para militarizar su política hacia Venezuela, presentándola como una lucha antiterrorista.

Aunque la designación no autoriza explícitamente el uso de fuerza letal, funcionarios estadounidenses han señalado que amplía las “opciones al presidente”.