En paralelo a la escalada de tensiones con Estados Unidos, el gobierno venezolano ha endurecido la represión contra la disidencia interna. La condena a 30 años de prisión de una médica por un audio de WhatsApp y las advertencias contra la Nobel de Paz, María Corina Machado, evidencian la criminalización de la crítica. Un tribunal venezolano impuso la pena máxima a Marggie Orozco, una médica general de 65 años, por los delitos de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”. Su arresto en agosto de 2024 se produjo después de que difundiera un mensaje de voz en WhatsApp donde criticaba la gestión gubernamental sobre el gas doméstico e invitaba a participar en las elecciones. Organizaciones de derechos humanos denuncian que su estado de salud es delicado, habiendo sufrido dos infartos en los últimos dos años.
Este caso se enmarca en un contexto donde Maduro ha instado a sus simpatizantes a denunciar a “fascistas” —término que usa para referirse a opositores— a través de una aplicación estatal.
Al mismo tiempo, el fiscal general, Tarek William Saab, advirtió que la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, será considerada “prófuga” si viaja a Oslo para recibir el galardón.
Estas acciones demuestran un endurecimiento del control interno y una nula tolerancia a la disidencia, mientras el país enfrenta una creciente presión internacional.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 882 presos por motivos políticos.
En resumenEn medio de una creciente presión internacional, el gobierno de Venezuela ha intensificado la represión interna. Casos como la condena a 30 años de una médica por un audio crítico y las amenazas contra la líder opositora María Corina Machado reflejan una política de cero tolerancia hacia cualquier forma de disidencia.