El presidente Gustavo Petro ha propuesto la conformación de “un gobierno de transición compartido” en Venezuela para solucionar la crisis y evitar una intervención extranjera, mientras su cancillería atiende las denuncias de tortura y aislamiento de ciudadanos colombianos detenidos en el país vecino. La postura de Colombia busca una salida negociada, al tiempo que aborda sus consecuencias humanitarias directas. Petro advirtió que una intervención forzada podría agravar la crisis, fortalecer a grupos armados y cerrar el camino a una solución democrática, por lo que su propuesta apunta a un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la oposición para “convocar una voluntad popular”. Paralelamente, el gobierno colombiano enfrenta una crisis humanitaria con sus connacionales detenidos en Venezuela.
En una mesa de trabajo en Villa del Rosario, familiares de los presos denunciaron ante el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, que los detenidos sufren un grave deterioro de su salud física y mental, incomunicación por meses o años, intimidación e incluso torturas. Las familias califican las detenciones de “injustas” y exigen el respeto de “mínimos humanitarios”. El viceministro se comprometió a entregar estas exigencias a las autoridades venezolanas y a mantener las gestiones diplomáticas para garantizar sus derechos y buscar su liberación.
Aunque recientemente se liberaron 17 colombianos, se estima que aún quedan decenas detenidos, algunos acusados de “conspiración” sin pruebas ni procesos judiciales claros.
En resumenColombia aborda la crisis venezolana en dos frentes: por un lado, el presidente Petro propone una solución política de alto nivel con un “gobierno de transición compartido”; por otro, la Cancillería gestiona la grave situación humanitaria de los colombianos detenidos en Venezuela, quienes según sus familias, son víctimas de tortura y violaciones a sus derechos.