Esta catalogación se suma a una designación previa del Departamento del Tesoro que ya lo consideraba un grupo terrorista global.

La nueva etiqueta, emitida por el Departamento de Estado, tiene implicaciones más amplias, ya que prohíbe a ciudadanos estadounidenses brindar “apoyo material” al grupo y otorga al gobierno de EE.

UU. un marco legal más robusto para actuar.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, esta medida permitirá utilizar “un abanico de nuevas opciones” y “todas las herramientas disponibles” para cortar el financiamiento de lo que denomina “narcoterroristas”. Washington acusa al grupo, supuestamente integrado por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, de corromper las instituciones del Estado y de ser responsable de “actos de violencia terrorista en todo el hemisferio”. La existencia del cartel es negada por el gobierno de Maduro, que la califica como un “invento” para justificar una agresión. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro también ha manifestado que dicho cartel “no existe”.

Sin embargo, países como Ecuador, Paraguay y Argentina han secundado la designación estadounidense, catalogando al grupo como una organización terrorista.