La polémica se originó tras un informe de HRW que documenta graves violaciones a los derechos humanos de venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Estos fueron expulsados de EE. UU. en marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 e internados en las notorias prisiones de máxima seguridad del gobierno de Nayib Bukele. A raíz de estas revelaciones, un grupo de congresistas envió una dura carta al secretario de Estado, Marco Rubio, denunciando la “complicidad” de la administración Trump en los abusos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, afirmó que ambos gobiernos “son cómplices de actos de tortura”.

Paralelamente, un juez federal en EE.

UU. ha reabierto una investigación para determinar si estas expulsiones violaron una orden judicial previa que limitaba el uso de dicha ley. Este caso pone de relieve las graves consecuencias humanitarias de las políticas migratorias de mano dura y abre un debate sobre la responsabilidad de Estados Unidos en el destino de los migrantes que expulsa a terceros países.