El caso se agrava por el delicado estado de salud de Orozco, quien ha sufrido dos infartos en los últimos dos años, uno de ellos estando ya detenida, y padece de depresión crónica. La condena se enmarca en un contexto de represión intensificada tras las elecciones de 2024, en el que el propio Nicolás Maduro instó a sus simpatizantes a denunciar a presuntos “fascistas” —término usado por el chavismo para referirse a opositores— mediante una aplicación estatal. Este caso ha sido catalogado por académicos y activistas como un acto de “venganza política” que busca enviar un mensaje disuasorio contra cualquier expresión de descontento.