Esta medida, que entrará en vigor el 24 de noviembre, implica directamente a altos funcionarios del chavismo, incluido Nicolás Maduro, y proporciona un marco legal para justificar acciones más agresivas por parte de Estados Unidos. La decisión del Departamento de Estado, anunciada por el secretario Marco Rubio, se fundamenta en acusaciones de que el grupo, presuntamente liderado por Maduro y Diosdado Cabello, ha “corrompido las instituciones en Venezuela” y es responsable de “violencia terrorista” y narcotráfico en el hemisferio. Aunque expertos como InSight Crime describen al Cartel de los Soles no como una estructura jerárquica sino como una “red difusa de células” dentro del Estado, la designación FTO permite a EE.
UU. aplicar sanciones más severas y perseguir judicialmente a quienes le brinden apoyo.
La medida ha encontrado respaldo en la región, con gobiernos como los de Ecuador, Argentina y Paraguay reconociendo al grupo como terrorista.
En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado que dicho cartel “no existe”.
Analistas consideran que esta catalogación es un paso estratégico que podría legitimar, desde la perspectiva legal estadounidense, ataques directos contra activos o individuos en Venezuela bajo la premisa de la lucha antiterrorista.













