Estas acciones, calificadas por Washington como golpes a “narcoterroristas”, han generado condenas internacionales y una crisis diplomática con aliados clave.

Según comunicados oficiales del Comando Sur de EE.

UU. (SOUTHCOM), se han realizado al menos 21 “ataques cinéticos letales” contra embarcaciones que, según su inteligencia, transportaban drogas y eran operadas por organizaciones terroristas.

Estas operaciones se enmarcan en la recién bautizada “Operación Lanza del Sur”.

Sin embargo, la legalidad y proporcionalidad de estos ataques han sido fuertemente cuestionadas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó a Washington a investigar los hechos, advirtiendo que existen “fuertes indicios” de que constituyen “ejecuciones extrajudiciales”. Turk subrayó que el uso de fuerza letal debe ser el “último recurso absoluto”, lo que no parece ser el caso. A pesar de las acusaciones, el Departamento de Justicia de EE. UU. defendió la legalidad de las operaciones, afirmando que se realizaron bajo las leyes de conflicto armado y que el personal militar no puede ser procesado.

La controversia ha provocado una fisura con importantes aliados.

Reino Unido suspendió el intercambio de inteligencia que pudiera ser utilizada en estos ataques, al considerarlos carentes de base legal.

Colombia adoptó una medida similar, congelando la cooperación hasta que se detenga la ofensiva.

Países como Francia también han condenado las acciones, calificándolas como una violación del derecho internacional.