La designación FTO es un salto cualitativo respecto a la catalogación previa del Departamento del Tesoro, ya que, según analistas, proporciona un argumento legal para lanzar ataques directos contra miembros de la organización y sus activos, incluso en territorio venezolano. Washington acusa a Nicolás Maduro y a altos funcionarios de su gobierno, como Diosdado Cabello, de liderar esta red criminal, a la que responsabiliza de corromper las instituciones del Estado y de traficar drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Esta medida ha sido respaldada por países aliados en la región como Ecuador, Argentina y Paraguay.

Sin embargo, la existencia del 'Cartel de los Soles' como una estructura jerárquica es cuestionada. El gobierno venezolano lo califica como un “invento” de Washington para desestabilizar al país, una postura que coincide con la del presidente colombiano Gustavo Petro, quien afirma que dicho cartel “no existe”. El centro de investigación InSight Crime lo describe no como un cartel tradicional, sino como una “red difusa de células” incrustadas en el poder público venezolano. La designación, por tanto, no solo apunta a una estructura criminal, sino que declara a gran parte de la cúpula del gobierno venezolano como parte de una entidad terrorista, justificando así una posible ofensiva bajo la premisa de la lucha antiterrorista.