Los comunicados oficiales describen los ataques como acciones contra “narcoterroristas” en rutas de tráfico conocidas. Uno de los incidentes más recientes, ocurrido el 15 de noviembre en el Pacífico Oriental, dejó tres presuntos narcotraficantes muertos. Otro ataque a principios de la misma semana en el Caribe resultó en cuatro fallecidos.

El gobierno de Donald Trump ha sostenido que las embarcaciones se dirigían a Estados Unidos, pero no ha presentado pruebas públicas para respaldar estas afirmaciones.

La legalidad y proporcionalidad de estas acciones han sido duramente cuestionadas.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó a Washington a investigar los hechos, afirmando que existen “fuertes indicios” de que constituyen ejecuciones extrajudiciales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también criticó los ataques, declarando que “está muriendo gente pobre” y no verdaderos narcotraficantes, lo que llevó a su gobierno a suspender la cooperación de inteligencia con EE.

UU. para estas operaciones.