Washington acusa a Maduro y a otros altos funcionarios, como Diosdado Cabello, de liderar esta estructura criminal, la cual, según afirma, ha corrompido instituciones clave del Estado venezolano. La designación, que entrará en vigor el 24 de noviembre, fue comunicada por el Departamento de Estado y se suma a una catalogación previa del grupo como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) en julio. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el cartel, junto a otros grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, es “responsable de actos de violencia terrorista en todo el hemisferio”.

Esta medida activa sanciones más severas, restricciones financieras y otorga a EE.

UU. la facultad de perseguir penalmente a cualquier individuo u organización que brinde apoyo material al grupo. El gobierno estadounidense sostiene que el cartel está integrado por militares venezolanos y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro. Por su parte, el gobierno de Caracas niega rotundamente la existencia de dicha organización, calificándola de un “invento” de Washington para desestabilizar el país. Esta posición es compartida por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha afirmado que el cartel “no existe”.

Analistas advierten que esta designación podría servir como justificación jurídica y política para una futura intervención militar en Venezuela.