El Senado de Estados Unidos rechazó una resolución bipartidista que buscaba restringir la autoridad del presidente Donald Trump para ordenar acciones militares contra Venezuela sin la aprobación explícita del Congreso. La votación, con un resultado de 51 en contra y 49 a favor, mantiene intactos los poderes del ejecutivo para continuar con su ofensiva en el Caribe y deja abierta la posibilidad de una escalada militar. La iniciativa, impulsada por los senadores Tim Kaine (demócrata) y Rand Paul (republicano), pretendía invocar la Ley de Poderes de Guerra para prohibir el uso de las Fuerzas Armadas en hostilidades “dentro o contra Venezuela”, a menos que existiera una declaración de guerra formal. Durante el debate, los proponentes argumentaron que el Congreso debía reafirmar su rol constitucional en la toma de decisiones bélicas. El senador Kaine advirtió que “los ataques ilegales de Trump contra barcos en el Caribe y las amenazas de ataques terrestres en Venezuela ponen a Estados Unidos en riesgo de guerra de forma imprudente e innecesaria”.
Por su parte, Rand Paul sostuvo que, aunque “Maduro es un dictador”, eso no justifica una intervención unilateral que podría desestabilizar la región.
Sin embargo, la mayoría republicana defendió la potestad del presidente como comandante en jefe para actuar en defensa de la seguridad nacional. A pesar del fracaso de la resolución, la sesión reveló que la administración Trump admitió ante el Congreso que, por el momento, carece de una “justificación legal” para lanzar ataques contra objetivos terrestres en Venezuela.
No obstante, no se descartaron futuras acciones.
El resultado de la votación otorga a la Casa Blanca vía libre para continuar con su estrategia de presión militar, que incluye el despliegue naval y los controvertidos ataques a embarcaciones en la región.
En resumenEl Senado estadounidense desestimó una resolución que buscaba requerir la aprobación del Congreso para cualquier acción militar contra Venezuela. Esta decisión otorga al presidente Trump la autoridad para continuar con las operaciones militares en el Caribe sin supervisión legislativa, a pesar de las advertencias sobre el riesgo de una escalada del conflicto y las dudas sobre la legalidad de futuras incursiones en territorio venezolano.