UU. y El Salvador son cómplices en torturas contra deportados venezolanos”.

La organización exige a la administración Trump detener de inmediato estas deportaciones, que exponen a los migrantes a situaciones de grave peligro, y pide una rendición de cuentas por parte de los responsables. El informe destaca que solo el 3% de los 252 venezolanos deportados habían sido condenados en Estados Unidos por delitos violentos, lo que subraya el carácter arbitrario de su reclusión en una prisión de máxima seguridad diseñada para terroristas. La falta de transparencia del gobierno salvadoreño y la restricción al acceso de supervisión independiente a los centros de detención agravan la situación. Este caso ha sido calificado como uno de los más graves vinculados a Washington en dos décadas, poniendo en evidencia las devastadoras consecuencias humanas de las políticas migratorias y de seguridad en la región.