Estas operaciones letales han provocado una fuerte condena internacional y han sido calificadas como posibles “ejecuciones extrajudiciales” por altos funcionarios de las Naciones Unidas.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha defendido la legalidad de los ataques, afirmando que “fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado” y que el personal militar no puede ser procesado por seguir “órdenes lícitas”. Esta postura se basa en un informe clasificado que, según se informa, establece la base legal para considerar la lucha contra los carteles como un “conflicto armado”.

Sin embargo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Washington a investigar, advirtiendo sobre “fuertes indicios” de que los ataques violan el derecho internacional. Türk enfatizó que el uso de fuerza letal debe ser “el último recurso absoluto frente a un ataque inmediato.

Eso no es lo que estamos viendo”.

La controversia ha fracturado alianzas clave: Reino Unido y Colombia suspendieron el intercambio de información de inteligencia con Washington para evitar ser cómplices en acciones que consideran violatorias del derecho internacional.

Francia también condenó públicamente las operaciones, y Rusia las calificó de “ilegales e inaceptables”. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro ha sido una de las voces más críticas, afirmando que entre las víctimas no hay “un tan solo narcotraficante, sino gente pobre”. Una investigación de la agencia AP corrobora esta visión, al identificar que varios de los fallecidos eran pescadores u obreros empobrecidos, no miembros de alto rango de carteles.