Posteriormente, fueron extraditados a Rusia, donde enfrentaron un juicio por “participar en hostilidades” del lado ucraniano.

El caso ha puesto de relieve la compleja red de combatientes extranjeros en la guerra de Ucrania y la estrecha cooperación entre los gobiernos de Venezuela y Rusia. Mientras Moscú califica a los combatientes extranjeros como mercenarios, Ucrania sostiene que muchos están formalmente integrados en sus fuerzas armadas, lo que les otorgaría el estatus de combatientes regulares bajo el derecho internacional. La extradición y condena de estos ciudadanos colombianos ha generado un incidente diplomático que involucra a tres naciones y plantea serias preguntas sobre el debido proceso y los derechos de los detenidos en zonas de conflicto.