Según defensores de derechos humanos, en Venezuela se detiene a una persona cada 15 horas, incluyendo a periodistas, estudiantes e incluso menores de edad, cuyo paradero a menudo es desconocido durante días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado que el hostigamiento contra activistas es una práctica recurrente, ejecutada por funcionarios públicos y grupos civiles alineados con el Estado.

Un ejemplo reciente es el atentado a tiros en Bogotá contra los defensores venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche.

Además, se denuncia la aplicación de leyes antiterroristas para criminalizar a opositores y defensores como Rocío San Miguel y Javier Tarazona. La ONG Espacio Público registró 17 violaciones a la libertad de expresión solo en octubre de 2025, incluyendo actos de intimidación y censura. El gobierno también ha implementado medidas como la anulación de pasaportes y la creación de una “inteligencia social y comunal” para que los vecinos reporten a personas desconocidas, lo que la ONG VeSinFiltro califica como un “nuevo mecanismo de vigilancia y control social”. Estas acciones se suman a la estigmatización de organizaciones como PROVEA, a la que acusan de proteger a terroristas.