El proyecto de ley pretendía invocar la Ley de Poderes de Guerra para obligar al Ejecutivo a solicitar autorización legislativa antes de cualquier hostilidad, a menos que existiera una declaración de guerra formal. Durante el debate, Kaine advirtió que “los ataques ilegales de Trump contra barcos en el Caribe y las amenazas de ataques terrestres en Venezuela ponen a Estados Unidos en riesgo de guerra de forma imprudente e innecesaria”.

Por su parte, Paul argumentó que, aunque “Maduro es un dictador”, eso no justifica una intervención unilateral, ya que la Constitución otorga exclusivamente al Congreso la facultad de declarar la guerra. A pesar de estos argumentos, la mayoría republicana defendió la potestad del presidente como comandante en jefe para actuar en defensa de la seguridad nacional. El fracaso de la resolución consolida la capacidad de Trump para decidir unilateralmente sobre el despliegue militar en la región, donde ya se han ejecutado múltiples ataques contra embarcaciones, dejando decenas de muertos y avivando el temor a una escalada del conflicto.