La situación para la sociedad civil en Venezuela se está deteriorando, con autoridades que emplean diversos métodos para silenciar la disidencia. Un informe reciente de la CIDH destaca varios patrones represivos, incluyendo amenazas de funcionarios públicos, cancelaciones arbitrarias y no motivadas de pasaportes que han afectado al menos a 40 activistas, y la persecución de observadores electorales. El informe señala que “en Venezuela se ha conocido sobre la aplicación del delito de terrorismo en contra de personas defensoras”, citando casos como los de Rocío San Miguel de Control Ciudadano y Javier Tarazona de Fundaredes. Además, altos funcionarios del gobierno se dedican frecuentemente a la estigmatización pública, calificando a organizaciones como PROVEA de proteger a terroristas o de ser financiadas por la CIA para desestabilizar el país.

También se están utilizando medidas legislativas para restringir el espacio cívico.

La “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” otorga al Estado la facultad de disolver unilateralmente organizaciones que, a su criterio, participen en actividades políticas. Estas acciones crean un clima de miedo y limitan severamente la capacidad de la sociedad civil para operar, monitorear los derechos humanos y prestar asistencia, erosionando aún más las garantías democráticas en el país.