Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado al menos 17 ataques contra embarcaciones, con un saldo de víctimas que los informes sitúan entre 62 y 69 personas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha confirmado que estos “ataques cinéticos letales” son ordenados directamente por el presidente Trump, y ha declarado que “los ataques a las embarcaciones de narcoterroristas continuarán hasta que se detenga el envenenamiento del pueblo estadounidense”. Sin embargo, las operaciones carecen de transparencia, ya que no se han revelado las identidades de los fallecidos ni las pruebas que los vinculan con actividades ilícitas. Esto ha provocado una fuerte condena de organismos internacionales, que han solicitado una investigación independiente, advirtiendo que los ataques podrían constituir “violaciones graves al derecho internacional”.

La administración Trump ha conectado explícitamente estas operaciones con su política hacia Venezuela, acusando al gobierno de Maduro de estar “integrado en los carteles del narcotráfico”.

El despliegue militar es considerable, incluyendo al menos diez buques, un submarino y la próxima llegada del portaaviones USS Gerald Ford.

La situación ha generado un clima de temor entre las poblaciones costeras, como los pescadores de Güiria, y ha sido denunciada por Venezuela y Cuba como una amenaza directa.