Esta acusación formal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, eleva la presión sobre Washington para que cese su ofensiva militar. En un comunicado contundente, Türk afirmó que los ataques, que han dejado al menos 62 muertos, son “inaceptables” y exigió su fin inmediato.

La ONU argumenta que, independientemente de las acusaciones de narcotráfico, las víctimas no representaban una amenaza inminente que justificara el uso de la fuerza letal. “Enfrentar el tráfico ilegal de drogas es un asunto de cumplimiento de la ley, pero debe respetar los estándares del derecho internacional”, señaló el organismo, rechazando la justificación de Washington de que se encuentra en un “conflicto armado” que permite aplicar el derecho humanitario de guerra.

La ONU ha solicitado investigaciones “rápidas, independientes y transparentes” sobre estas muertes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó el “silencio” de América Latina ante esta grave acusación y respaldó la postura de la ONU, calificando previamente los ataques como “asesinatos”. La denuncia de la ONU pone en tela de juicio la legalidad de toda la operación estadounidense y proporciona un fuerte respaldo a las denuncias de Venezuela y otras naciones críticas de la campaña militar.