La administración de Donald Trump ha justificado el despliegue como un “conflicto armado directo” contra carteles latinoamericanos que considera terroristas, lo que, según Washington, justifica sus acciones militares en aguas internacionales. La ofensiva, que comenzó en el Caribe con Venezuela como foco principal, se ha extendido al océano Pacífico, involucrando a Colombia. Desde septiembre, se han reportado al menos 17 ataques contra embarcaciones, resultando en la muerte de 66 personas.

El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado estos ataques como “asesinatos y ejecuciones extrajudiciales”, una denuncia que ha sido respaldada por la ONU, que acusó a EE.

UU. de “violar el derecho internacional”. El despliegue naval estadounidense es considerado el mayor en la región desde la Guerra del Golfo, e incluye buques de guerra, submarinos y el próximo arribo del portaaviones USS Gerald Ford. La retórica de Washington ha sido beligerante, con el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, afirmando que los ataques “continuarán, día tras día” y que tratarán a los narcotraficantes “EXACTAMENTE como tratamos a Al-Qaeda”.

Esta campaña militar ha generado una profunda incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de EE.

UU. y el futuro de la estabilidad en América Latina, mientras Venezuela realiza sus propias maniobras defensivas con milicianos y fuerzas armadas en zonas costeras.