Hoy, el pretexto no es el comunismo, sino el narcotráfico, pero el objetivo de reafirmar el control sobre su "área estratégica" parece ser el mismo. Jurídicamente, una intervención militar en Venezuela sin el consentimiento de su gobierno constituiría una violación directa del artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza. El precedente de la invasión a Panamá en 1989, justificada por argumentos similares y condenada por la Asamblea General de la ONU, demuestra que Washington ha estado dispuesto a actuar al margen de la legalidad internacional cuando considera que sus intereses vitales están en juego. El senador Lindsey Graham incluso citó la intervención en Panamá como un ejemplo de acción militar sin una declaración formal de guerra, lo que refuerza los temores en la región. La actual campaña militar, por tanto, se desarrolla en una zona gris donde la Realpolitik y la afirmación del poder prevalecen sobre las normas del derecho internacional.
Analistas debaten legalidad de acciones de EE. UU. y el retorno de la Doctrina Monroe
La agresiva postura militar de Estados Unidos en el Caribe ha reabierto un debate sobre la legalidad de sus acciones bajo el derecho internacional y ha hecho resurgir el fantasma de la Doctrina Monroe. Expertos y analistas cuestionan si la lucha contra el narcotráfico justifica intervenciones unilaterales que violan la soberanía de otras naciones. Un análisis profundo de la situación sugiere que más que un retorno literal de la Doctrina Monroe de 1823, se asiste a su "reencarnación pragmática": el uso de un discurso moral, en este caso la lucha contra el "narcoterrorismo", para legitimar intereses estratégicos. La doctrina, originalmente concebida para evitar la intervención europea en América, fue reinterpretada a lo largo de la historia para justificar la hegemonía estadounidense en la región.



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