Esta decisión agrava la tensión diplomática en la región y tiene importantes implicaciones económicas para ambas naciones. La crisis se desató después de que Puerto España autorizara al buque de guerra estadounidense USS Gravely a atracar en su territorio para realizar ejercicios militares.

Caracas interpretó esta acción como una "peligrosa provocación" y una renuncia a la soberanía trinitense para actuar como una "colonia militar subordinada a los intereses hegemónicos estadounidenses".

En respuesta, el gobierno venezolano anunció la "medida cautelar de suspensión inmediata" de toda la cooperación energética, incluyendo un importante acuerdo para la explotación conjunta del campo de gas Dragón, ubicado en aguas venezolanas. Este proyecto era crucial para Trinidad y Tobago, que incluso había recibido una licencia de Estados Unidos para negociar con Caracas a pesar de las sanciones. La suspensión del acuerdo representa un duro golpe para la economía trinitense y evidencia la disposición de Maduro a utilizar sus recursos energéticos como herramienta de presión geopolítica. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, fue declarada "persona non grata" por el parlamento venezolano, lo que simboliza la profunda ruptura en las relaciones. Este conflicto demuestra cómo la escalada militar estadounidense está forzando a los países del Caribe a tomar partido, con consecuencias directas en la estabilidad económica y diplomática de la región.