Estas acciones, defendidas por la administración Trump como una guerra necesaria contra los cárteles, han sido calificadas por organismos internacionales como ejecuciones extrajudiciales.

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos quince embarcaciones en aguas internacionales, principalmente cerca de las costas de Venezuela y Colombia. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha confirmado varios de estos "ataques letales y cinéticos", afirmando que las lanchas eran operadas por "Organizaciones Terroristas Designadas" y que sus tripulantes son tratados "EXACTAMENTE como tratamos a Al-Qaeda". Por su parte, el presidente Donald Trump defendió las operaciones durante un discurso a las tropas, declarando que las víctimas "no estaban pescando" y que las embarcaciones transportaban narcóticos suficientes para "matar a 25,000 estadounidenses".

Sin embargo, esta justificación ha sido fuertemente cuestionada.

La Organización de las Naciones Unidas ha denunciado que estas acciones violan el derecho internacional, ya que el uso de fuerza letal solo es admisible ante una amenaza inminente a la vida, condición que no parecía cumplirse. El presidente colombiano, Gustavo Petro, también ha condenado los ataques, calificándolos de "asesinatos" y asegurando que entre las víctimas se encuentran pescadores y ciudadanos colombianos, lo que agrava la tensión diplomática. La falta de transparencia de Washington sobre la identidad de las víctimas y las pruebas de su vinculación con el narcotráfico ha intensificado las críticas, que señalan un uso desproporcionado de la fuerza bajo el pretexto de la lucha antidrogas.