Esta acción, calificada como inconstitucional por la oposición, representa una nueva escalada en la persecución política contra figuras disidentes. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que Maduro interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) basado en el artículo 130 de la Constitución, que establece el deber de defender la patria. El gobierno acusa a López de un “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela” y de promover el bloqueo económico. Tras la solicitud, se ordenó a la Cancillería y al servicio de identificación (SAIME) proceder con la anulación del pasaporte de López. En respuesta, López denunció la medida como un acto de un “narco dictador” y reafirmó su postura.

“Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad”, declaró.

Sostuvo que su “delito” es estar de acuerdo con el despliegue de Estados Unidos contra el “Cartel de los Soles” y con “hacer todo lo que sea necesario” para lograr una transición democrática. López también señaló que la Constitución, en su artículo 35, prohíbe privar de su nacionalidad a los venezolanos por nacimiento, y añadió irónicamente que la ley sí permitiría revocar la nacionalidad a Maduro, de quien se ha especulado que nació en Colombia.