Mientras el gobierno colombiano habla de una "crisis humanitaria" y anuncia gestiones para su liberación, Caracas niega tal crisis y afirma que los detenidos están siendo procesados por vínculos con el paramilitarismo. Familiares de los detenidos protestaron en el puente internacional Simón Bolívar, exigiendo la liberación de sus seres queridos y denunciando detenciones arbitrarias y violaciones a sus derechos humanos. Dolly García, madre de uno de los presos, afirmó: "El presidente no se ha manifestado, no nos ha dado la cara.

Llevamos un año rogándole para que nos ayude".

En respuesta, el gobierno colombiano, a través del viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, anunció el inicio de gestiones para atender la "crisis humanitaria" y la creación de una "misión humanitaria" para verificar las condiciones de los detenidos. Sin embargo, la reacción de Venezuela fue contundente.

El vicecanciller Rander Peña negó la existencia de una "crisis humanitaria", asegurando que en su país hay un "Estado de derecho actuando" contra personas "vinculadas a estructuras paramilitares que ingresaron al país con fines violentos". Peña instó a su homólogo colombiano a "evitar caer en la 'diplomacia de micrófonos' que tanto daña las relaciones", y advirtió que "ninguna presión mediática impedirá que Venezuela cumpla con su obligación de defender su soberanía". Esta discrepancia pública evidencia la fragilidad de las restablecidas relaciones diplomáticas y la profunda desconfianza que persiste entre ambos gobiernos.