La controversia escaló tras una protesta de familiares en el puente internacional Simón Bolívar, donde exigieron la liberación de los detenidos, muchos de los cuales, afirman, fueron capturados arbitrariamente y acusados sin pruebas de ser mercenarios o paramilitares. En respuesta, el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, se reunió con los familiares y se comprometió a crear una misión humanitaria para verificar las condiciones de los reclusos. Sin embargo, el gobierno venezolano ha rechazado categóricamente la existencia de una “crisis humanitaria”.

El vicecanciller Rander Peña afirmó que en Venezuela hay “un Estado de derecho actuando” y que los detenidos son “personas procesadas por la Justicia venezolana, en su mayoría vinculadas a estructuras paramilitares”. Peña instó a su homólogo colombiano a “evitar caer en la ‘diplomacia de micrófonos’” y aseveró que “ninguna presión mediática impedirá que Venezuela cumpla con su obligación de defender su soberanía”. La discrepancia en las narrativas de ambos gobiernos evidencia un nuevo punto de fricción en la compleja relación bilateral.