Organizaciones de derechos humanos y la oposición venezolana continúan denunciando un patrón de persecución sistemática por parte del régimen de Nicolás Maduro. Las denuncias incluyen detenciones arbitrarias, torturas y la desaparición forzada de activistas y opositores, consolidando un clima de represión que ha sido condenado internacionalmente. Las acusaciones se sustentan en casos concretos que evidencian la vulnerabilidad de quienes disienten del gobierno. El partido Vente Venezuela denunció la detención del activista Lewis Mendoza en el estado de Trujillo, calificándola como un "secuestro" por parte de funcionarios del régimen.
Según la organización, al menos nueve personas han sido arrestadas en esa región desde septiembre "simplemente por pensar distinto".
Otro caso emblemático es el del abogado Perkins Rocha, asesor de María Corina Machado, cuya esposa pudo visitarlo por primera vez tras más de 13 meses detenido e incomunicado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido sobre la "profundización del autoritarismo del régimen" y solicitó formalmente visitar El Helicoide, una sede del servicio de inteligencia señalada como un "centro de tortura". Estas prácticas represivas son consistentes con las descripciones que hizo el Comité del Nobel al otorgar el premio a Machado, donde se mencionan "detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que constituyen Crímenes de Lesa Humanidad y terrorismo de Estado". La oposición afirma que estas acciones buscan anular cualquier forma de disidencia y mantener el control social a través del miedo.
En resumenLa persecución sistemática de opositores, mediante detenciones arbitrarias y presuntas torturas, sigue siendo una herramienta central del régimen de Maduro para reprimir la disidencia. Casos específicos y las advertencias de organismos como la CIDH confirman la grave crisis de derechos humanos que enfrenta Venezuela y los altos riesgos para quienes se oponen al gobierno.