Al designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista, Estados Unidos se otorga un marco legal para llevar a cabo acciones militares directas, como los ataques a presuntas “narcolanchas”.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, reafirmó esta postura al declarar que “Maduro es un narcoterrorista actualmente acusado en nuestro país”.

En Florida, los senadores Rick Scott y Ashley Moody presentaron la “Stop Maduro Act”, una propuesta de ley para duplicar la recompensa a cien millones de dólares, financiada con activos venezolanos confiscados. Caracas ha negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas como parte de una campaña de agresión para justificar una intervención y robar los recursos naturales del país.

Maduro ha enviado cartas a la Casa Blanca negando cualquier vínculo con el narcotráfico, pero estas han sido rechazadas.