Esta argumentación, comunicada al Congreso, busca legitimar el uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes, a quienes califica de “combatientes ilegales”, y evitar que dichas acciones sean consideradas asesinatos extrajudiciales.

Según un aviso confidencial citado por medios locales, esta estrategia proporciona el sustento legal para los ataques con misiles contra embarcaciones en aguas internacionales, que han dejado al menos 21 muertos. Al equiparar a los cárteles con grupos armados no estatales, el gobierno estadounidense pretende aplicar un marco de guerra que amplía los poderes del ejecutivo y reduce la supervisión judicial. La medida está directamente vinculada a la presión sobre Venezuela, ya que Washington acusa a Nicolás Maduro de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización que ha sido designada como terrorista. Esta justificación ha generado un intenso debate en el Capitolio sobre los límites del poder presidencial, dado que la Constitución estadounidense reserva al Congreso la potestad de declarar la guerra. Analistas como Evan Ellis, del Colegio de Guerra del Ejército estadounidense, consideran que existe una probabilidad del 50 % de que se produzca una acción militar directa contra Venezuela antes de fin de año, afirmando que “al presidente Trump se le acabó la paciencia con Maduro”.