El gobierno estadounidense sostiene que estas acciones han sido efectivas para detener el flujo de drogas, y el presidente Donald Trump ha llegado a afirmar que “ya no quedan navíos” en la zona, sugiriendo que las operaciones podrían pasar a tierra. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado el despliegue como un “acoso militar” y una “guerra no declarada”. Ha activado un decreto de “conmoción externa”, ha realizado ejercicios militares en zonas estratégicas como la isla de La Orchila y ha movilizado a la milicia bolivariana, afirmando que el pueblo está preparado para defender la soberanía nacional. La situación ha provocado la condena de otros países de la región; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó los ataques, afirmando que las víctimas eran “jóvenes caribeños pobres” y no terroristas, mientras que Cuba denunció la presencia militar como una “amenaza directa a la paz regional”.