La situación de al menos 38 ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela ha generado una creciente preocupación humanitaria y diplomática, ya que sus familiares denuncian una total falta de información sobre los motivos de su arresto y su estado actual. La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmó que el gobierno está en negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro para garantizar el debido proceso y lograr la liberación de los detenidos. Villavicencio informó que ya se ha realizado una primera reunión con los familiares de los afectados y que se están realizando gestiones diplomáticas. El caso de Manuel Alejandro Tique, quien cumplió un año preso acusado falsamente de ser paramilitar tras ser capturado durante una misión humanitaria, es uno de los ejemplos citados.
A pesar de que la Cancillería colombiana ha enviado 18 notas verbales al gobierno venezolano solicitando información, no ha obtenido respuesta.
La situación se enmarca en un contexto más amplio de violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario venezolano. Un informe de Human Rights Watch (HRW) reveló que decenas de presos políticos permanecen incomunicados durante semanas o incluso más de un año, una práctica que la organización califica como un método de tortura. Según HRW, en muchos casos las autoridades se niegan a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos, lo que podría constituir desapariciones forzadas. La mayoría de estos presos se encuentran en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), un lugar señalado por la ONU como un centro de tortura.
En resumenAl menos 38 colombianos se encuentran detenidos en Venezuela en condiciones de incertidumbre, sin que sus familias conozcan los cargos en su contra. El gobierno colombiano ha iniciado negociaciones para su liberación, mientras organizaciones como HRW denuncian tortura e incomunicación sistemática en las cárceles venezolanas.