El gobierno estadounidense ha declarado un “conflicto armado no internacional” contra los carteles, a los que califica como “combatientes ilegales”, lo que le otorgaría un marco legal para ejecutar acciones ofensivas.

En este contexto, el Pentágono, rebautizado como Departamento de Guerra, ha confirmado la destrucción de al menos cinco presuntas “narcolanchas” mediante ataques con misiles, operaciones que han dejado un saldo de al menos 21 muertos. El presidente Trump ha afirmado que, como resultado, el tráfico marítimo ha sido neutralizado, declarando que “el agua está vacía”, y ha anunciado la activación de una “fase dos” de la ofensiva que podría incluir la vigilancia y persecución de rutas terrestres. Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado estas acciones como una “amenaza”, “acoso militar” y una “provocación” destinada a promover un cambio de régimen. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció la incursión de aviones de combate estadounidenses en el espacio aéreo controlado por Venezuela, a menos de 80 kilómetros de sus costas.

En respuesta, el gobierno venezolano ha realizado ejercicios militares, ha comenzado a entrenar a milicias civiles y ha activado mecanismos legales para una posible confrontación.