Al enmarcar la lucha antinarcóticos como un conflicto armado y no como una acción de aplicación de la ley, el Gobierno de Trump pretende amparar sus acciones bajo los poderes de guerra del Ejecutivo, evitando cuestionamientos sobre su legalidad bajo el derecho internacional. Esta postura se fundamenta en la designación de organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles como grupos terroristas.

Según la administración, estos grupos armados no estatales representan un ataque directo contra Estados Unidos, lo que justifica una respuesta militar. La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso puede declarar la guerra, por lo que esta medida es vista por críticos como un intento de justificar legalmente las operaciones sin una autorización formal del legislativo. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha utilizado esta justificación para confirmar los ataques en el Caribe, refiriéndose a los fallecidos como “narcoterroristas”. Esta nueva doctrina podría sentar un precedente para futuras intervenciones militares unilaterales en la región bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado.